El acceso público se condiciona a una declaración negativa sobre una comunidad religiosa concreta: no uso, enseñanza, difusión, asistencia ni asociación.
Cláusulas rompe‑fe en Alemania
Dossier público de evidencia sobre exclusión administrativa y libertad de creencia.
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Los tests ocultos de fe
Un dossier público de evidencia sobre las cláusulas rompe‑fe en Alemania: declaraciones administrativas que presionan a las personas para negar cualquier asociación con Scientology como condición para acceder a trabajo, contratos públicos, subvenciones u oportunidades vinculadas a escuelas.
«Declaro que no aplico, enseño ni difundo la tecnología de L. Ron Hubbard; que no asisto a cursos o seminarios basados en esta tecnología; y que esto se aplica a empleados y subcontratistas.»
ene. 2014 – 2 jun 2026
81 → 621 licitaciones
dos años después de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal
1995 → 2025
Comprende lo esencial y después verifica las pruebas
Empieza con una explicación breve, ve directamente a los datos o descarga el informe completo. Las secciones jurídicas y de fuentes siguen disponibles para una revisión más profunda.
¿Qué es una cláusula faith-breaker?
Una cláusula faith-breaker es una declaración administrativa que exige a una persona, contratista, empleado o solicitante negar su conexión con una comunidad de creencias identificada como condición para acceder a oportunidades públicas.
Regula la conducta
Una autoridad pública puede exigir legalidad, cumplimiento laboral, confidencialidad, protección de menores, normas anticorrupción, capacidad profesional y no discriminación.
Examina identidad o asociación
Exige declaraciones negativas sobre una comunidad religiosa o de creencias identificada, incluyendo enseñanza, asistencia a cursos, difusión o asociación.
Sentencia judicial. Sin cumplimiento. Uso récord.
No se trata de una disputa sobre redacción. Es un mecanismo administrativo repetible: el acceso a contratos públicos, subvenciones y oportunidades relacionadas queda condicionado a declaraciones negativas sobre una comunidad religiosa concreta.
Se documentan 3.959 anuncios TED entre enero de 2014 y el 2 de junio de 2026. La cifra es un mínimo porque los contratos bajo umbral, los anexos y los portales externos no quedan plenamente captados.
El Tribunal Administrativo Federal declaró inconstitucional la práctica en abril de 2022. Dos años después, 2024 alcanzó el nivel más alto registrado: 621 licitaciones.
El mecanismo entra en conflicto simultáneamente con la igualdad de trato, la libertad de creencia, la contratación pública, la privacidad, los datos de categoría especial del RGPD, la igualdad laboral y los recursos efectivos.
El problema ya no es la incertidumbre jurídica. Es un fallo de aplicación: plantillas antiguas, anexos y flujos de trabajo siguen reproduciendo cláusulas después de las sentencias.
Detener las cláusulas, prohibir criterios religiosos, auditar plantillas, investigar el tratamiento de datos religiosos, borrar registros ilícitos y crear recursos para las personas afectadas.
Lo que demuestra la evidencia
Lectura más fuerte del informe de junio de 2026: el sitio no documenta licitaciones aisladas, sino un sistema administrativo duradero que sobrevivió a la corrección judicial.
Un filtro contra una religión nombrada
Las declaraciones no piden garantías neutrales de integridad, conducta o conflicto de intereses. Señalan específicamente a Scientology, la tecnología de L. Ron Hubbard, cursos, difusión y asociación.
Un mínimo público y reproducible
TED muestra 3.959 anuncios documentados desde enero de 2014 hasta el 2 de junio de 2026. La cifra es fuerte porque es reproducible, pero no representa todo el universo de contratos afectados.
Una escalada posterior a la sentencia
La sentencia del Tribunal Administrativo Federal de 2022 no provocó una retirada general. El recuento anual subió a 621 en 2024, el nivel más alto registrado.
Un problema de privacidad y empleo
Las variantes severas extienden la declaración a empleados, subcontratistas o personas desplegadas, creando presión para controlar creencias, asociación y asistencia a cursos.
Un problema de plantillas ocultas
El texto operativo puede estar en anexos, archivos de plataforma o formularios estándar, haciendo el problema menos visible y más difícil de impugnar a tiempo.
Un conflicto jurídico en múltiples foros
El patrón plantea problemas bajo la ley constitucional alemana, contratación pública de la UE, Carta de la UE, RGPD, CEDH, PIDCP, igualdad laboral y estándares OSCE/ODIHR.
De plantilla política a incumplimiento institucional
Esta capa muestra la historia como una cadena de decisiones administrativas: origen, formalización, corrección judicial y uso continuado.
Origen diseñado
The Hamburg model was deliberately promoted as a tool to prevent alleged “infiltration” of the economy, then spread through official templates and administrative practice.
Formalización bávara
Bavaria adopted the model through an official notice, helping convert a political suspicion into procurement and grant paperwork.
La base fáctica se derrumba
Courts rejected blanket presumptions and found no evident anti-constitutional activity after years of surveillance material.
Sentencia constitucional contra declaraciones de distanciamiento
BVerwG 8 C 9.21 held that conditioning a public benefit on a Scientology-related declaration violated Articles 3 and 4 GG.
Máximo histórico tras la sentencia
Instead of disappearing after the ruling, the annual count rose to 621 tenders, the highest figure in the monitored series.
Sigue activo
The practice remains visible in current notices and annex structures, proving the problem is operational rather than historical.
Un mecanismo de discriminación oculto en lenguaje administrativo
Una norma neutral prohibiría el proselitismo, la coacción, la discriminación o el abuso de un espacio público de trabajo por parte de cualquiera. Una cláusula de ruptura de fe hace otra cosa: nombra a una comunidad de creencias y exige una declaración negativa de no asociación, no asistencia, no uso y, en algunas versiones, no empleo.
Llamémoslo por su nombre.
No es lenguaje ordinario de protección. Es una herramienta de identificación y exclusión por creencias. En contratación pública, subvenciones, servicios escolares o empleo, exigir a una persona que reniegue de una comunidad religiosa o filosófica nombrada es discriminación religiosa burocrática.
El aumento después de la prohibición
La investigación en TED identifica miles de anuncios públicos alemanes con referencias explícitas a Scientology. El punto crítico es el momento: el mayor aumento llegó después de que tribunales alemanes ya hubieran condenado la práctica.
¿Qué es TED?
TED — Tenders Electronic Daily — es la base de datos oficial en línea de la UE donde se publican los anuncios de contratación pública por encima de los umbrales europeos. Su relevancia es probatoria: si una cláusula discriminatoria aparece en TED, no es un rumor ni una anécdota privada; figura en documentos oficiales de contratación pública.
+668%
aumento de 2014 a 2024
3.959
licitaciones documentadas, por encima de los umbrales de publicación de la UE
63,1%
de la serie registrada ocurrió entre 2021 y 2025
2024
pico récord: 621 licitaciones
Note: Como solo los contratos por encima de los umbrales de la UE aparecen en TED, el número real de cláusulas de ruptura de fe en contratos locales y de menor valor puede ser sustancialmente mayor.
La sentencia no produjo cumplimiento
licitaciones en el año de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal
máximo histórico dos años después de la sentencia constitucional
comparación posterior a la sentencia
El tribunal dio la advertencia constitucional. Las plantillas siguieron circulando.
La cuestión decisiva no es si los tribunales alemanes se han pronunciado. Lo han hecho. La cuestión es por qué el sistema administrativo siguió publicando, adjuntando o exigiendo el mismo tipo de declaración después de la sentencia del Tribunal Administrativo Federal del 6 de abril de 2022.
Por qué no es solo un asunto alemán de contratación pública
La versión reforzada muestra cada problema jurídico como un mecanismo práctico: exclusión, revelación, discriminación, tratamiento de datos y reducción de recursos.
Directiva 2014/24/UE
Articles 18 and 57 require equal treatment and define lawful exclusion grounds. Religious non-association is not listed among them and is difficult to reconcile with proportionality and non-discrimination.
EU Charter Articles 10, 21 and 7
The declarations engage freedom of religion, non-discrimination and private life when a bidder or worker is pressured to disclose or deny belief-related association.
Articles 3 and 4 GG
German courts have treated the practice as impermissible differentiation and interference with freedom of belief.
Articles 5 and 9
Religious or philosophical belief data is special-category data. Coerced tender declarations do not look like freely given consent or necessary procurement data.
Directiva 2000/78/CE
Employee-level forms convert public procurement into workplace belief-screening and can cascade into private supply chains.
Directive 2007/66/EC
Annex-only or platform-only clauses undermine effective review because affected bidders may not see or challenge the operative text in time.
Por qué el recuento público es solo el mínimo
The TED total is strong evidence because it is reproducible, but it does not capture every place where the declarations may appear.
Above-threshold EU notices where the search term is visible.
Annex-only forms, eForms attachments and external platform documents.
Below-threshold municipal contracts, employment, grants, security-sensitive roles and other administrative procedures.
Los formularios mismos
La redacción muestra por qué estas declaraciones no pueden tratarse como cláusulas neutrales de cumplimiento.
Una declaración que alcanza a empleados
Esto extiende el test de lealtad del licitador o contratista a los empleados, presionando a empleadores privados para vigilar creencias y asociaciones dentro del lugar de trabajo.
Un test de creencias en la cadena de suministro
Esto convierte la documentación de contratación pública en un mecanismo de control de creencias a través de subcontratistas, personal y proveedores de servicios.
Un contrato escolar con cláusula ideológica
En el caso actual, la cláusula aparece junto a disposiciones contractuales ordinarias y protección contra el sarampión, dejando claro el contraste entre regulación neutral legítima y exclusión basada en creencias.
Un ejemplo de servicio escolar financiado públicamente en Hamburgo
El caso actual sitúa la cuestión en un contexto concreto y presente: a un joven solicitante se le pidió firmar declaraciones de ruptura de fe antes de trabajar en actividades escolares gestionadas por un proveedor privado que opera con fondos públicos en Hamburgo.
La entidad emisora
La organización emisora se presenta como una institución evangélica al servicio de niños, jóvenes y personas con discapacidad. Opera servicios escolares y sociales en cooperación con autoridades públicas.
El vínculo de financiación pública
Esto no es simplemente una preferencia privada dentro de un club privado. El proveedor presta servicios escolares y de bienestar juvenil financiados o encargados por autoridades públicas, incluida la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo.
El contexto contractual escolar
El paquete contractual incluye cláusulas ordinarias como rescisión, jurisdicción y protección contra el sarampión. Junto a esas cláusulas neutrales aparece una declaración específica sobre Scientology.
Por qué es peor
Cuando un proveedor privado gestiona servicios escolares financiados públicamente, el control de creencias no se vuelve menos problemático. Se vuelve más grave, porque dinero público y acceso a servicios públicos quedan ligados a una declaración negativa de creencia.
El problema probatorio
Cuando un entorno de servicio escolar financiado públicamente condiciona el trabajo a dicha declaración, la cuestión deja de ser una preferencia privada. Se convierte en un problema de derecho público, igualdad y derechos fundamentales.
Una cláusula, múltiples infracciones legales
El problema jurídico no es un formulario imperfecto. Es un mecanismo de filtrado respaldado por el Estado que usa el acceso a contratos, subvenciones y trabajo para plantear una pregunta basada en creencias que el Estado no tiene necesidad legal de hacer.
Los artículos 3 y 4 GG prohíben el trato desigual y la revelación coercitiva de creencias.
Directive 2014/24/EU lists lawful exclusion grounds and requires equal treatment, transparency, proportionality and non-discrimination. A condition requiring non-association with one named belief community is not a neutral suitability criterion and is difficult to reconcile with those requirements.
Los artículos 7, 10 y 21 protegen la creencia, la vida privada y el acceso igualitario a la vida económica pública.
Las declaraciones tratan datos relacionados con creencias sin una base legal válida y libremente dada.
Las variantes severas convierten la contratación en cribado de creencias de empleados y cadena de suministro.
Las medidas de seguridad deben basarse en pruebas, ser proporcionadas y centrarse en la conducta, no en la identidad.
Igualdad constitucional y libertad de creencia
Regla: las autoridades públicas deben tratar a las personas por igual y no pueden perjudicarlas por su fe, opinión religiosa o creencia. El artículo 4 protege tanto la libertad de creer como la libertad negativa de no revelar ni repudiar una creencia.
Violación: las cláusulas faith-breaker obligan a un licitador, beneficiario o trabajador a formular una declaración negativa sobre una comunidad religiosa concreta. No es una prueba neutral de capacidad; es una diferenciación basada en creencias.
Evidencia: la sentencia del Tribunal Administrativo Federal BVerwG 8 C 9.21 describió la práctica como una diferenciación inadmisible y una injerencia dirigida en la libertad negativa de creencia.
Consecuencia: el acceso a beneficios y contratos públicos queda condicionado al distanciamiento religioso, incluso cuando no se demuestra ninguna conducta indebida individual.
Respuesta necesaria: Alemania debería dictar una orden vinculante de cese y sustituir todos los modelos basados en creencias por cláusulas contractuales neutrales respecto de la religión y basadas en la conducta.
La igualdad de trato es una regla de contratación, no una decoración
Regla: el artículo 18 exige igualdad de trato, transparencia, proporcionalidad y no discriminación. El artículo 57 enumera los motivos de exclusión; la afiliación religiosa no es uno de ellos.
Violación: las cláusulas añaden una condición adicional de elegibilidad dirigida a creencias, enseñanza o asociación relacionadas con Scientology. Esa condición no guarda relación con la capacidad técnica, la fiabilidad profesional ni la ejecución del contrato.
Evidencia: los anuncios TED y los formularios anexos muestran que la declaración siguió utilizándose como condición de aptitud o contractual después de la sentencia de 2022.
Consecuencia: la contratación pública se distorsiona porque operadores económicos aptos pueden ser excluidos por una razón relacionada con creencias no admitida por el Derecho de contratación pública de la UE.
Respuesta necesaria: la Comisión Europea debería valorar la apertura de un procedimiento de infracción y exigir que las condiciones operativas de exclusión sean visibles en TED, no ocultas en anexos.
Los derechos fundamentales acompañan a la contratación pública
Regla: cuando los Estados miembros aplican el Derecho de contratación pública de la UE, se aplica la Carta de la UE. El artículo 10 protege la religión o las creencias; el artículo 21 prohíbe la discriminación; el artículo 7 protege la vida privada.
Violación: una declaración que pregunta si una persona usa, enseña, difunde o se asocia con un sistema de creencias concreto interfiere simultáneamente con la creencia, la privacidad y la igualdad de trato.
Evidencia: los formularios no preguntan por una conducta indebida concreta. Exigen distanciarse de identidad, enseñanzas, cursos o métodos relacionados con Scientology.
Consecuencia: el Estado crea dos clases de licitadores y trabajadores: quienes pueden firmar la negación religiosa y quienes quedan excluidos porque su conciencia les impide firmarla.
Respuesta necesaria: los órganos de recurso y los tribunales deberían tratar estas cláusulas como cuestiones directas de derechos fundamentales, no como simple documentación administrativa.
Los datos religiosos no pueden recogerse de forma rutinaria
Regla: los datos personales que revelan creencias religiosas o filosóficas son datos de categoría especial. Su tratamiento exige una base jurídica válida y debe cumplir los principios de licitud, limitación de la finalidad, minimización y necesidad.
Violación: las declaraciones recogen o permiten inferir información relacionada con creencias como condición de acceso a un contrato, subvención o empleo. El consentimiento no es libre cuando negarse implica quedar excluido de oportunidades públicas.
Evidencia: las formas más severas extienden la declaración a empleados, subcontratistas y personas desplegadas durante la ejecución, multiplicando el problema de protección de datos en toda la cadena de suministro.
Consecuencia: las autoridades públicas y los contratistas corren el riesgo de crear y conservar registros ilícitos de datos religiosos sin necesidad ni proporcionalidad.
Respuesta necesaria: las autoridades de protección de datos deben investigar, detener la conservación de declaraciones ilícitas y ordenar la supresión de registros obtenidos mediante mecanismos de cribado religioso.
La cláusula pasa de la empresa al trabajador
Regla: la legislación sobre igualdad en el empleo prohíbe la discriminación por religión o creencias y protege a los trabajadores frente a presiones para revelar o renunciar a sus creencias como condición de trabajo.
Violación: las variantes de estilo Baviera/Hamburgo y las cláusulas de retirada de personal obligan a las empresas a certificar o vigilar las creencias, cursos o asociaciones de empleados y subcontratistas.
Evidencia: el documento identifica variantes que obligan a los contratistas a excluir personal durante la ejecución si asiste a cursos relevantes o utiliza la tecnología señalada.
Consecuencia: el Estado fuerza indirectamente a empleadores privados a realizar un cribado religioso que no podría imponer legalmente de forma directa.
Respuesta necesaria: las autoridades laborales y de igualdad deben prohibir la certificación de creencias de empleados y proteger a quienes se nieguen a firmar o revelar información relacionada con creencias.
Neutralidad y seguridad basada en pruebas
Regla: las normas de la OSCE/OIDDH exigen neutralidad estatal, no discriminación y medidas de seguridad basadas en conductas demostrables, no en estereotipos sobre una comunidad religiosa o de creencias.
Violación: las cláusulas faith-breaker apuntan a una comunidad de creencias concreta y exigen declaraciones negativas sobre identidad, enseñanza, asistencia a cursos o difusión, incluso sin pruebas individuales de conducta indebida.
Evidencia: las resoluciones judiciales alemanas señalaron ausencia de indicios fácticos o que no había nada evidente tras años de vigilancia, pero los modelos continuaron y los recuentos TED aumentaron después de la sentencia constitucional.
Consecuencia: un formulario administrativo se convierte en una señal pública de que una comunidad de creencias es presuntamente sospechosa, fomentando la exclusión privada y la autocensura.
Respuesta necesaria: Alemania debe poner fin a las restricciones basadas en identidad y utilizar únicamente obligaciones neutrales respecto de la religión: legalidad, cumplimiento laboral, anticorrupción, confidencialidad, ejecución y no discriminación.
El fallo de proporcionalidad
Una autoridad pública puede exigir a todos los contratistas que cumplan la ley, las normas laborales, la confidencialidad, las reglas anticorrupción, la fiabilidad profesional, las obligaciones de protección de menores y las obligaciones de no discriminación.
Una autoridad pública no puede exigir a un licitador, trabajador o subcontratista que niegue su asociación con una religión o sistema de creencias nombrado, ni condicionar oportunidades públicas a esa negación.
Referencias principales para este análisis jurídico
El historial jurídico no es ambiguo
A stronger evidence page should show that the factual and constitutional premises have already been tested in court.
BVerwG 7 C 20.04
Hamburg was not authorised to promote pre-drafted declarations designed to make business partners disclose or deny ties to Scientology.
Stuttgart Admin Court
The court found no factual indicators of anti-constitutional activity over the examined period.
VGH 8 S 1886/20
After reviewing surveillance material, the court found “nothing evident” individually or organisationally and rejected blanket presumptions.
Bavarian grant case
Exclusion from a public benefit on this basis was condemned as unjustified interference with religious freedom and equal treatment.
BVerwG 8 C 9.21
The Federal Administrative Court held that conditioning a public benefit on a Scientology-related declaration violated Articles 3 and 4 GG; its reasoning is directly relevant to similar public-contract and grant clauses.
Munich kindergarten case
A funding-linked declaration was removed after litigation citing the 2022 Federal Administrative Court ruling.
BayVGH clarification
Scientology membership alone does not automatically establish unreliability; authorities require individualized assessment based on concrete facts.
Responder directamente a las justificaciones
The stronger version confronts the public justifications one by one and replaces them with the legal and evidentiary record.
“This protects public contracts.”
Neutral contract-protection clauses can address fraud, conflicts, capacity and performance. A named-religion declaration is not necessary to protect contract delivery.
“It is only about conduct, not religion.”
The forms identify Scientology, L. Ron Hubbard technology, courses or dissemination. That converts a neutral procurement process into belief- and association-screening.
“Courts have not settled the issue.”
The Federal Administrative Court ruled in April 2022 that a public benefit could not be conditioned on a Scientology-related declaration; the reasoning is directly relevant to similar public-contract and grant clauses.
“Surveillance justifies the clauses.”
Court findings cited in the report found no factual indicators or “nothing evident” after years of surveillance material. Suspicion cannot replace individualized evidence.
“It affects only companies.”
Severe variants reach employees, subcontractors, deployed persons, grant recipients, security-sensitive roles and other administrative procedures.
“The TED numbers show the whole problem.”
TED captures only above-threshold public notices. Annex-only documents, local lower-value contracts and employment or grant contexts make the real scale larger.
Un filtro de origen estatal puede extenderse por la economía
TED demuestra la capa visible de contratación. La lectura más fuerte es que las plantillas públicas pueden irradiarse hacia subvenciones, empleo, autorizaciones, ciudadanía y cadenas privadas de suministro.
Civil-society funding gate
Grant and subsidy schemes can require the same declaration, meaning access to public support is conditioned on a religiously targeted statement.
Employment pressure
Employment and work-contract contexts can pressure individuals to deny belief, course attendance or association to keep access to publicly funded work.
Clearance consequences
Surveillance-derived “reliability” concerns can affect access to security-sensitive roles without an individualized finding of misconduct.
Civic membership risk
When clearance logic enters naturalisation, the same religious suspicion can move from markets into citizenship and civic belonging.
Private-sector cascade
Companies can replicate the clauses across employees, subcontractors and suppliers to protect eligibility for state contracts.
Brecha de visibilidad
The operative clause may be hidden in a form, annex or external portal, reducing public scrutiny and frustrating timely legal challenge.
Cómo una cláusula de contratación contamina el lugar de trabajo
Las versiones más intrusivas no terminan con el contratista. Exigen garantías sobre empleados y subcontratistas, convirtiendo a empleadores privados en agentes de control de creencias.
Divulgación forzada
Los empleados pueden verse presionados a probar que no son scientologists y que no asisten a cursos relacionados.
Riesgo disciplinario
Las empresas pueden retirar, sancionar o evitar contratar personal por sospechas relacionadas con creencias.
Expansión por la cadena
La obligación se extiende a subcontratistas, consultores y proveedores de servicios.
Castigo colectivo
El licitador puede ser penalizado por creencias privadas de personas que no son parte del contrato.
Por eso la cuestión es mayor que un solo formulario. Exporta discriminación pública a relaciones laborales privadas.
Advertencias históricas sobre la exclusión administrativa
Esta comparación no equipara víctimas, regímenes ni crímenes. Identifica un patrón administrativo recurrente: el acceso al trabajo, la educación, el comercio o la vida pública puede condicionarse a la identidad, la afiliación o una declaración ideológica, en vez de a la conducta.
Certificados arios
Empleados públicos, incluidos docentes, debían probar la llamada ascendencia “aria”.
Exclusión económica de los judíos
Los judíos fueron excluidos de tiendas, oficios, cargos directivos, mercados y cooperativas.
Decreto de lealtad en el servicio público
Los empleados federales en Alemania Occidental podían ser sancionados por pertenecer o apoyar a organizaciones consideradas contrarias al orden constitucional.
Controles de lealtad
Comunistas y supuestos radicales fueron filtrados del servicio público mediante investigaciones ideológicas.
Control ideológico de la educación
En la RDA, los estudiantes políticamente críticos podían ser expulsados o bloqueados en su acceso a estudios posteriores.
Cláusulas de ruptura de fe
Las personas deben declarar no asociación con Scientology para acceder a contratos o trabajo.
Exclusión del servicio público
La Ley para la Restauración del Funcionariado Profesional permitió retirar a judíos y opositores políticos del servicio público.
Eliminación económica
El decreto de 12 de noviembre de 1938 excluyó a los judíos del comercio minorista, oficios, mercados, cargos empresariales directivos y cooperativas.
Radikalenerlass
Millones de aspirantes al servicio público fueron sometidos a controles; miles fueron excluidos o despedidos.
Origen en Hamburgo
La práctica moderna de ruptura de fe contra Scientology se desarrolló en Hamburgo y se exportó a contratación pública y práctica empresarial privada.
Prohibición federal
El Tribunal Administrativo Federal reconoció estas cláusulas como diferenciación inadmisible e interferencia dirigida contra la libertad negativa de creencia.
Continuación récord
Dos años después de la prohibición, los anuncios TED alcanzaron el nivel más alto registrado.
Tres décadas de resistencia
Desde el origen en Hamburgo en 1995 hasta el récord de 2024: un patrón de incumplimiento sistemático en el uso de cláusulas rompe-fe contra scientologists.
El origen
Ursula Caberta origina en Hamburgo la práctica del “Sektenfilter” para “prevenir la infiltración de la economía alemana”.
Bitter WinterAviso del Gobierno de Baviera
Se emite el aviso oficial bávaro (Az. 476-2-151) y el modelo de “Schutzerklärung”.
Ver PDFPrimera prohibición — limitada
El Tribunal Administrativo Federal Supremo prohíbe la promoción de filtros sectarios en Krüger v. Hamburg.
BVerwG 7 C 20.04 ↗Segundo litigio de Hamburgo
Batalla legal de 11 años, incluida una multa judicial de 5.000 € a Hamburgo por ignorar resoluciones cautelares.
“Nada evidente”
Un tribunal de Baden-Württemberg concluye que no había “nada evidente” de actividad anticonstitucional durante 10 años.
Informe HRWFProhibición definitiva
El Tribunal Administrativo Federal declara que los filtros sectarios constituyen una “diferenciación inadmisible” que vulnera los artículos 3 y 4 GG.
Decisión judicial ↗621 licitaciones
La cifra anual más alta jamás registrada: dos años después de la prohibición; un aumento del 44% desde 2022.
Verificar en TED ↗Lo que Alemania dijo a Bruselas
La correspondencia de la UE trató la cláusula como una cuestión de derechos fundamentales que exigía justificación y proporcionalidad. Las autoridades alemanas se apoyaron en una narrativa de “infiltración” y evaluaciones de inteligencia interna, pero el objetivo práctico era la identificación de miembros y la exclusión.
Cómo se descubrió
Mediante procedimientos de Acceso a Documentos destinados a descubrir discriminación, representantes de la Iglesia obtuvieron correspondencia de la Comisión Europea sobre las cláusulas alemanas de ruptura de fe. El expediente es significativo porque muestra que en Bruselas la cuestión fue tratada como un problema de derechos fundamentales, mientras las autoridades alemanas se apoyaban en narrativas discutidas de «infiltración» y justificaciones que la evidencia y las sentencias posteriores debilitan gravemente.
Interferencia con derechos fundamentales
Las cláusulas fueron evaluadas como posible interferencia con la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y con la no discriminación.
La narrativa de “infiltración”
Las autoridades se basaron en afirmaciones de influencia económica mediante gestión, consultoría de recursos humanos y coaching.
Identificación de membresía
La declaración ayuda a identificar si un proveedor es miembro de Scientology para que pueda seguir la exclusión.
Por qué falla el argumento de la “infiltración”
Los tribunales y estándares de derechos exigen pruebas, necesidad y proporcionalidad. La justificación se derrumba cuando se examina con esos criterios.
«Esto protege los contratos de influencias indebidas.»
«No es discriminación religiosa.»
«La cláusula es solo una condición de ejecución.»
«Es proporcional.»
El daño es estructural
Las cláusulas de ruptura de fe no producen un defecto limitado. Operan simultáneamente en varios niveles de derechos e instituciones.
Discriminación directa
Dividen licitadores y trabajadores según una religión o cosmovisión nombrada.
Libertad negativa de creencia
Presionan a las personas para revelar o negar creencia y afiliación.
Datos sensibles
Empujan a empleadores a procesar datos de creencias sobre personal y subcontratistas.
Contaminación laboral
Exportan discriminación pública a empleo privado y cadenas de suministro.
Desafío al Estado de derecho
Su uso continuado tras sentencias debilita la autoridad judicial y los valores de la UE.
From discriminatory wording to operational control
The stronger version makes clear that the clauses are not equal: the most severe variants impose monitoring and removal duties on private employers.
Contract-use denial
A bidder is asked to promise that, in the contract, it will not apply, teach or disseminate targeted Scientology-related materials.
Association denial
The declaration moves beyond performance and pressures the signer to deny membership, association or course participation.
Employee certification
The company must speak about employees or deployed persons, creating a duty to ask, know or police belief-related conduct.
Subcontractor cascade
The obligation travels down the supply chain and can make private businesses enforce a public religious filter.
Ongoing removal duty
The most invasive forms require removal of staff during performance if targeted conduct or association is discovered.
Termination sanction
Breach can lead to exclusion, repayment, withdrawal or termination for cause, turning belief-screening into a contract-enforcement tool.
Qué hace invasivos a los formularios
A sample declaration is not just paperwork. Its legal effect can move from the bidder to employees, subcontractors and contract termination.
Religious denial
A person or company is asked to deny membership, use or association.
Belief/activity denial
The text often refers to use, teaching or dissemination of L. Ron Hubbard technology.
Employee extension
Some forms require statements about employees or deployed persons.
Ongoing monitoring
Severe forms require exclusion or removal of staff during performance.
Sanction
False statements or breach can lead to exclusion, recovery of funds or termination.
El problema sigue activo
A stronger website should not let readers think this is an old 1990s dispute. The post-2022 record shows continuing operational use.
Máximo histórico tras la sentencia de 2022
621 tenders were recorded two years after the 2022 Federal Administrative Court ruling, making 2024 the peak year in the monitored TED series.
Continued standardisation
514 tenders were still documented, including notice packages with dedicated declaration forms or suitability-criteria references.
Ongoing use through platforms
Early 2026 examples show declaration language appearing through referenced criteria, annexes and external procurement-platform files.
Annex-only visibility
When clauses sit in attachments rather than abstracts, ordinary TED searches undercount the practice and affected bidders may miss challenge deadlines.
Cómo sigue apareciendo la cláusula en la práctica
These examples make the evidence concrete: the problem appears in suitability criteria, template forms, external platform files and annex-only documentation.
eForms suitability criterion
Explicitly labelled Scientology-Schutzerklärung; illustrates that the clause can appear as a formal suitability requirement.
Dedicated template form
Notice packages include a specific declaration template, showing continued standardisation inside procurement workflows.
External platform endpoint
The declaration appears through a referenced external platform item, showing why TED abstracts alone may not reveal the operative text.
1996 Bavarian anchor
Tender documentation points back to the 1996 Bavarian announcement, demonstrating the persistence of a 30-year-old template logic.
Annex-only declaration
Award documents can reference the form only in an annex, making the clause invisible to casual review and standard monitoring.
Solicitudes institucionales específicas
La versión reforzada nombra la palanca práctica que puede usar cada institución, de modo que el sitio se convierte en una herramienta de incidencia y no solo en una página informativa.
Comisión Europea
Open Article 258 infringement analysis; require Germany to explain post-2022 non-compliance; assess Directive 2014/24/EU, Charter and Remedies Directive implications; address annex-only visibility.
DPAs / GDPR route
Investigate collection, storage and transfer of religious or philosophical belief data through procurement, grant and employment declarations; order erasure where processing lacks a lawful basis.
Parlamento Europeo
Use parliamentary questions, LIBE scrutiny, hearings and resolutions to ask why a Member State practice continues after federal constitutional jurisprudence.
Consejo de Europa
Frame the issue under state neutrality, Article 9 and Article 14 ECHR, and monitoring by PACE, ECRI or Venice Commission channels.
UN and OSCE mechanisms
Follow up AL DEU 2/2019; raise the issue under freedom of religion or belief, privacy, minority rights, economic exclusion and OSCE Human Dimension commitments.
Autoridades alemanas
Issue an immediate template stop-order; adopt a statutory ban on religious criteria; audit forms; terminate unlawful data processing; provide remedies.
USCIRF
Include Germany in annual religious-freedom monitoring, hold a briefing or hearing, and assess whether systematic state-sponsored exclusion warrants special attention.
U.S. Department of State
Add a dedicated paragraph to the International Religious Freedom Report, raise the issue bilaterally, and monitor via Embassy and Consulate channels.
Términos alemanes en lenguaje sencillo
Short definitions help non-German, EU and UN readers follow the legal and administrative language.
German term meaning “protective declaration”.
Common German shorthand for a “sect filter”.
Sistema alemán de inteligencia interior; en este contexto, invocado a menudo como justificación de sospechas o dudas de fiabilidad relacionadas con Scientology.
Decreto/práctica de 1972 que exigía controles de lealtad constitucional a aspirantes y empleados del servicio público.
Decreto federal de lealtad de 1950 relativo a funcionarios y organizaciones consideradas hostiles al orden constitucional.
Public procurement or award procedure.
Tenders Electronic Daily, the EU public procurement notice database.
Qué debería ocurrir ahora
La solución es directa: poner fin a los tests de identidad, sustituirlos por normas neutrales de conducta y aplicar las sentencias en contratación pública, subvenciones, escuelas y proveedores financiados públicamente.
Cese inmediato
Eliminar todas las cláusulas de ruptura de fe de contratación pública, subvenciones, contratos escolares y plantillas laborales.
Auditoría de cumplimiento
Buscar en formularios federales, estatales y municipales declaraciones específicas sobre Scientology y lenguaje de control de creencias.
Sustitución neutral
Usar cláusulas basadas en conducta que prohíban proselitismo, coacción, discriminación y abuso del entorno laboral por cualquier grupo.
Revisión de protección de datos
Dejar de recopilar datos sensibles de creencias sin base legal, necesaria y proporcional.
Formación
Formar a funcionarios de contratación, autoridades escolares y proveedores financiados públicamente sobre igualdad y libertad de creencia.
Remedio
Proporcionar remedios efectivos a individuos y empresas excluidos, disuadidos o presionados por el uso pasado de estas cláusulas.
La conclusión constitucional
Un Estado democrático puede exigir conducta lícita. No puede exigir a las personas firmar una declaración de disociación de una religión o cosmovisión nombrada. La cláusula de ruptura de fe no es una norma de protección infantil, ni de calidad contractual, ni de no proselitismo neutral. Es un test de fe.
Lista final: siete remedios concretos
- Immediate stop order: suspend all pending and future Schutzerklärungen / sect-filter clauses in procurement, grants, public-benefit schemes and publicly funded provider forms.
- Template audit: review federal, state, municipal and procurement-platform forms, including annexes and external document libraries.
- Legal prohibition: adopt a clear rule that public access may not be conditioned on religion, belief, non-association or negative declarations about a named community.
- Data protection remedy: investigate religious-data processing, stop retention of unlawful declarations and erase records collected without a valid legal basis.
- Employment protection: prohibit employee and subcontractor belief-screening in public-contract supply chains.
- Transparency reform: require operative tender conditions to appear in searchable notice data, not only in annexes or external portals.
- Individual remedies: create a claims channel for bidders, workers, grantees and applicants harmed by exclusion, dismissal, loss of clearance or funding denial.
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